El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables (IMIPAS) ha presentado la recopilación «Olas de cambio: Mujeres investigadoras impulsando la pesca y acuicultura sustentable en México», en la que se reconoce la labor de 237 investigadoras a lo largo de más de seis décadas en estos sectores productivos.

La publicación incluye 79 semblanzas y un listado de investigadoras que han aportado ciencia, tecnología e innovación en el estudio y desarrollo de los recursos pesqueros y acuícolas del país. Se destaca su trabajo en los litorales mexicanos, que abarcan más de 11 mil kilómetros de costas, playas, humedales y arrecifes, zonas fundamentales para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas marinos.

Desde la creación del entonces Instituto Nacional de Investigaciones Biológico-Pesqueras en 1962, las mujeres han desempeñado un papel esencial en distintos niveles del IMIPAS, incluyendo áreas técnicas, de investigación, administración y dirección, señaló el director general del organismo, Víctor Manuel Vidal Martínez.

La investigadora jubilada María Concepción Rodríguez de la Cruz Ramírez subrayó la importancia de esta recopilación como un homenaje a quienes han contribuido a la investigación pesquera y acuícola. Su labor ha permitido conocer y proteger especies marinas, fortalecer la regulación pesquera y fomentar la acuicultura de especies como camarones, ostiones y atún.

El IMIPAS reiteró su compromiso de seguir impulsando la participación de mujeres en la ciencia y el desarrollo sostenible de los recursos acuáticos del país.

La investigación del caso del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, ha sacado a la luz graves acusaciones contra varios funcionarios de alto nivel en el estado, vinculándolos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros actos de corrupción.

El exfiscal de Jalisco, Luis García Méndez, y el fiscal actual, Jaime «el Jimmy», han sido mencionados en denuncias que involucran no solo a ellos, sino también a otros actores clave del gobierno estatal, incluyendo a Rafael Martínez Ramírez, operador financiero de la Fiscalía y del Poder Judicial, quien es cuñado del gobernador Enrique Alfaro y actualmente integra el gabinete de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Martínez Ramírez estaría siendo señalado como un contacto directo e intermediario entre los funcionarios públicos y los operadores del CJNG, facilitando sus operaciones en la región. Esta acusación ha generado un profundo escándalo en la entidad, pues se alega que funcionarios de la administración de Enrique Alfaro y de la actual administración de Pablo Lemus han sido cómplices del crimen organizado.

Además, se ha denunciado que estos funcionarios, junto con jueces y magistrados, fueron señalados ante la Fiscalía General de la República (FGR) hace menos de un año. Las denuncias, que superan los 90 casos, apuntan a una red de corrupción que ha permitido a miembros del CJNG operar con impunidad en la región. En este contexto, las víctimas de este entramado de corrupción también han sido denunciadas, y las carpetas de investigación se acumulan en la FGR.

Una de las figuras clave en este escándalo es Jacqueline Trujillo, quien, además de ser fiscal de Personas Desaparecidas, está presuntamente vinculada al terreno en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontró el rancho Izaguirre, lugar que ha sido señalado como un centro de operaciones del crimen organizado. Según las denuncias, Trujillo ha tratado de ocultar su propiedad sobre el terreno y, en complicidad con otros funcionarios, ha intentado tapar los vínculos con el CJNG. La implicación de figuras como Trujillo y su presunto encubrimiento se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del caso.

Pablo Lemus, actual gobernador de Jalisco, y Rafael Martínez Ramírez, han sido acusados de encubrir estos hechos, asegurando que la investigación no avance adecuadamente y que se protejan a los involucrados. Esta situación ha causado gran preocupación entre los ciudadanos y ha generado un llamado a la FGR para que asuma el caso con urgencia y lleve a cabo una investigación imparcial que identifique y sancione a los responsables.

En su defensa, tanto Lemus como Martínez Ramírez han negado las acusaciones, pero las denuncias siguen acumulándose, lo que podría llevar a la detención de más funcionarios implicados en este escándalo de corrupción y vínculos con el crimen organizado. La FGR ha reafirmado su compromiso con el caso, y se espera que la investigación avance con una mayor cooperación federal, incluso aceptando apoyo internacional para esclarecer los hechos y dar justicia a las víctimas de esta red de corrupción y violencia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció este miércoles durante la ‘mañanera del pueblo’ que la plataforma de desaparecidos presenta varios problemas y no está actualizada.

En respuesta a las críticas de colectivos de familiares de desaparecidos, la mandataria federal aseguró que el objetivo es fortalecerla, pues muchos de los datos en la plataforma no han sido actualizados y existen diversas deficiencias.

“Hay una crítica ahí, dicen que no hay nada nuevo y que ya está, no, el objetivo es fortalecerlo porque mucho de lo que está ahí, la propia plataforma no está actualizada y hay muchos problemas relacionados con ella”, explicó Sheinbaum.

La presidenta puntualizó que se busca que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como las fiscalías estatales contribuyan con la actualización y fortalecimiento de la plataforma, para mejorar el acceso a la información y la coordinación en la búsqueda de desaparecidos. 

Asimismo, Sheinbaum anunció reformas para emplear “toda la fuerza del Estado” ante las crisis y protestas de familiares de desaparecidos, tras el reciente hallazgo de fosas clandestinas en Teuchitlán, Jalisco, y destacó los esfuerzos para implementar nuevos mecanismos de búsqueda y coordinación entre autoridades locales y federales.