El tradicional el Viacrucis en Iztapalapa registró una asistencia de un millón 400 mil personas, 100 mil más que en 2024, y se reportó saldo blanco.

En conferencia de prensa, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó que la 182 representación de la Semana Santa en la demarcación terminó sin incidentes graves y registró una afluencia total de más de dos millones de personas, sumando los eventos de Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y eventos alternos en la alcaldía.

 La edil señaló que la cifra final de afluencia se dará a conocer al término de la conmemoración del Sábado de Gloria.

Es importante recordar que el año pasado, durante la Semana Santa, incluyendo el Viacrucis del Viernes Santo, se registraron dos millones 385 mil asistentes, cifra que, sumada a actividades alternas, alcanzó más de dos millones 400 mil personas.

“Hay saldo blanco. Muchas gracias a todas y todos que les participaron en esto; a todas las personas de los ocho barrios, porque todo salió muy bien, tenemos un saldo blanco que documentar”, indicó Alavez.

La alcaldesa detalló que se brindaron 620 atenciones médicas, se realizaron 20 mil 769 hidrataciones y no se reportaron personas extraviadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se dictó auto de formal prisión en contra de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Según el comunicado oficial, fue la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada la instancia que logró la resolución judicial en el caso, como parte de las investigaciones abiertas contra el exmandatario estatal por su presunta participación en actividades ilícitas durante su gestión.

Yarrington fue deportado recientemente a territorio mexicano desde Estados Unidos, donde enfrentó cargos por lavado de dinero. En ese país, el exgobernador aceptó su culpabilidad en un proceso judicial, lo que le permitió evitar un juicio completo y la anulación de otras acusaciones más graves, incluyendo las relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades mexicanas reactivaron las investigaciones pendientes en su contra tan pronto como pisó suelo nacional, en cumplimiento con los procesos abiertos por su presunto involucramiento con redes delictivas mientras ocupaba la gubernatura de Tamaulipas entre 1999 y 2004.

Con el auto de formal prisión, Yarrington continuará enfrentando el proceso judicial en México desde el reclusorio donde permanece bajo custodia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó este lunes que enviará una carta al Gobierno de Estados Unidos en respuesta a los congresistas estadounidenses que pidieron al presidente Donald Trump exigir a la mandataria mexicana una resolución a favor de la minera Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, por una disputa en el sureste del país.

La gobernante mexicana reaccionó así a la misiva enviada el pasado viernes por 35 congresistas estadounidenses que piden a Trump que exija a Sheinbaum dar marcha atrás a las “acciones ilegales” que obligaron a la empresa minera a cerrar sus operaciones en Quintana Roo (sureste de México) el año pasado.

“Nosotros tanto a ellos como al presidente Trump, vamos a enviar una carta aclarando, se lo pedí a Alicia Barcena (secretaria de Medio Ambiente) y también se está reuniendo con la empresa para ver alternativas de solución”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa.

En la misiva, los congresistas estadounidenses recordaron que en 2022, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), fueron invadidas las instalaciones de Vulcan en la península de Yucatán, que incluyen una cantera de piedra caliza y un puerto de aguas profundas, lo que derivó en el cese de operaciones.

Dos años después, López Obrador designó la propiedad de Vulcan como “área naturalmente protegida”.

Este lunes, Sheinbaum reiteró que, en este caso, “nunca hubo expropiación” y que las tierras siguen siendo de la empresa.

“El problema es que ellos se salieron completamente del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras áreas afectando cenotes y acuíferos. Entonces, se les informó, se les dijo primero y siguieron con la explotación y entonces es que el (ex)presidente López Obrador decide cambiar el uso de suelo, pero no hay expropiación”, zanjó.

Reiteró que la zona es un área natural protegida donde no se permite la explotación de minerales porque está afectando “gravemente” el ambiente y la empresa debió haberse sujeto a la autorización de impacto ambiental que tenía y no ampliar su zona de explotación.

Sheinbaum afirmó que ahora se entablará un diálogo con la empresa para evitar que el caso se resuelva en tribunales.

“Entonces, se va a enviar tanto a los congresistas como a la Casa Blanca para que no haya mala información y también vamos a buscar si se puede llegar a un acuerdo que permita salvaguardar cualquier conflicto jurídico y si no pues se resolverá en tribunales”, señaló.