El nombre de Fernando Padilla Farfán, empresario del sector de la construcción y de servicios médicos, ha cobrado relevancia nacional en los últimos años por su cercanía con figuras clave de Morena, en particular con el exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como por los contratos millonarios que sus empresas obtuvieron con gobiernos estatales afines al partido guinda.

Aunque no existe hasta ahora una acusación penal formal confirmada por autoridades en su contra, Padilla Farfán ha sido señalado en investigaciones periodísticas y denuncias políticas como presunto operador financiero y proveedor estratégico durante procesos electorales y administrativos.

Originario de San Martín Texmelucan, Puebla, y con operaciones establecidas en Veracruz, Fernando Padilla Farfán ya se desempeñaba como empresario antes de 2020. Sin embargo, su nombre comenzó a figurar con mayor fuerza cuando, durante la pandemia de COVID-19, su empresa Línea Médica del Sur recibió contratos en Tabasco para la instalación y equipamiento de Unidades Hospitalarias Tempranas, en el periodo en que Adán Augusto López Hernández era gobernador del estado.

Estos contratos marcaron el inicio de una etapa de expansión acelerada en la adjudicación de proyectos públicos relacionados con el sector salud.
Expansión en gobiernos estatales afines a Morena
Entre 2021 y 2023, Padilla Farfán amplió su presencia a otras entidades mediante su firma FMedical, con la cual obtuvo contratos para unidades médicas móviles y mega farmacias en estados como Chiapas, entonces gobernado por Rutilio Escandón, cuñado de Adán Augusto López.

De acuerdo con reportes periodísticos, el monto global de estos acuerdos superaría los 2 mil millones de pesos, lo que colocó a sus empresas entre las más beneficiadas por contratos de salud en gobiernos estatales morenistas.

Precampaña presidencial y promoción política
Durante la precampaña presidencial interna de Morena en 2023, Padilla Farfán fue señalado en investigaciones periodísticas como proveedor y posible financiador indirecto de la aspiración de Adán Augusto López, al presuntamente cubrir gastos de espectaculares y material promocional, sin aparecer de forma directa en los reportes oficiales de campaña.
Estos señalamientos no derivaron en sanciones electorales confirmadas, pero alimentaron el debate público sobre el financiamiento paralelo en procesos internos del partido.

En 2025, el empresario volvió al centro de la polémica tras la difusión de videos y grabaciones en los que Fernando y Carlo Padilla Farfán aparecen presuntamente vinculados a esquemas de influencia para obtener contratos gubernamentales y promover a figuras políticas, entre ellas la senadora de Morena Andrea Chávez.

A partir de estos materiales, legisladores del PAN presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrea Chávez y Padilla Farfán, por presuntos delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con contratos y la promoción de unidades médicas.

El caso continúa siendo observado tanto por la opinión pública como por actores políticos, en un contexto donde los vínculos entre empresarios, contratos públicos y poder político siguen bajo escrutinio nacional

Pese a los señalamientos mediáticos y políticos, hasta 2026 no se ha informado oficialmente sobre cargos penales formales en contra de Fernando Padilla Farfán. Las acusaciones forman parte de un debate público y legal en curso, en el que se le ha descrito como integrante de una presunta red de corrupción vinculada al poder político, afirmaciones que no han sido acreditadas judicialmente.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) destituyó a Martha Karina Reyes Gutiérrez, quien se desempeñaba como Fiscal de Investigación Territorial en la Alcaldía Cuauhtémoc, tras una serie de acusaciones administrativas y penales relacionadas con su gestión al frente de esa instancia.

La separación del cargo ocurrió el 27 de septiembre de 2025, de acuerdo con reportes periodísticos que documentaron el inicio de investigaciones internas y la emisión de órdenes de aprehensión contra personas cercanas a la entonces funcionaria, entre ellas su asistente personal y otros agentes del Ministerio Público adscritos a la fiscalía territorial.
Acusaciones por abuso de poder y corrupción

Entre los señalamientos que derivaron en su destitución destacan denuncias internas por abuso de poder, trato indebido al personal y la generación de un ambiente laboral hostil. Trabajadores de la Fiscalía de Cuauhtémoc acusaron prácticas de revictimización hacia personas que acudían a denunciar delitos, lo que contraviene los principios de la función pública y la atención a víctimas.

De manera paralela, las investigaciones apuntaron a la existencia de una red de corrupción dentro de la fiscalía territorial. Funcionarios vinculados a Reyes Gutiérrez fueron señalados por obstrucción de la justicia y por presuntamente exigir sobornos a cambio de liberar inmuebles asegurados por la autoridad ministerial.

Órdenes de aprehensión y procesos abiertos
Como resultado de estas indagatorias, la FGJCDMX giró órdenes de aprehensión contra el asistente de la exfiscal y varios agentes del Ministerio Público, quienes son investigados por su posible participación en prácticas ilícitas durante el periodo en que Reyes Gutiérrez estuvo al frente de la fiscalía territorial.
La institución confirmó la apertura de procesos administrativos y penales contra diversos servidores públicos relacionados con el caso, como parte de una depuración interna en esa demarcación.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha informado de manera oficial el nombre de la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, por lo que el área continúa en proceso de reorganización.

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a defender este miércoles su estrategia de seguridad de «no enfrentamiento militar» en medio de la aguda crisis de violencia que se vive en estados como el de Sinaloa, donde recientemente fueron secuestrados diez mineros por un comando armado y dos diputados estatales fueron atacados a balazos.

Aunque señaló que en Sinaloa «disminuyeron el número de homicidios«, reconoció que la violencia actual está desatada por la «pugna interna de un grupo delincuencial«, en referencia a la lucha entre facciones del Cartel de Sinaloa.

Ante esta situación, señaló que su Gobierno trata de evitar la «afectación a los civiles», a la vez que informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se encuentra en el estado para «revisar la estrategia».

Pese a los últimos acontecimientos, Sheinbaum reivindicó los resultados en materia de seguridad en Sinaloa, entre los que destacó la reducción de la cantidad de droga que se produce porque se han «desmantelado muchos laboratorios».