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Gobernador de Chihuahua, Javier Corral agradece a AMLO, Ebrard y Gertz Manero por concretar la extradición de César Duarte. Lo califica como «un triunfo»

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El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, consideró la detención de César Duarte Jáquez como un triunfo contra la impunidad que hubo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

“Debo reconocer la voluntad del Presidente Andrés Manuel López Obrador para concretar la extradición de este prófugo, la voluntad del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y la de Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores”, dijo el mandatario panista.

 

“Es una muestra de que el país puede avanzar y que todos debemos tener frentes comunes. Qué buena noticia que uno de esos frentes sea el combate a la corrupción. Ha sido una larga, ardua, dura batalla. Ha habido momento de grandes decepciones e incluso represalias para el Gobierno y el pueblo de Chihuahua”, añadió.

 

“No perdimos la esperanza, nunca aflojamos el paso ni desistimos. Hemos demostrado que mientras la memoria no se rinda y la voluntad política no se quiebre, la justicia llega. Hoy miércoles 8 de julio, al finalizar la reunión entre los mandatarios de México y Estados Unidos, el Canciller Marcelo Ebrard me comunicó que las autoridades norteamericanas habían confirmado la detención del exgobernador César Duarte”, explicó el Gobernador.

El gobernador dijo que Duarte dejó al estado de Chihuahua con una deuda de casi 50 mil millones de pesos, consecuencia del abuso en los fondos públicos.

El 28 de noviembre de 2016, el expriista ingresó a Estados Unidos mediante una visa de turista, y obtuvo un permiso de internamiento que venció el mayo de 2017. Así evadió la justicia durante años.

“La construcción de un Estado de derecho y de apego a la ética pública que ese pretende que tenga vigencia en México, requiere que personas como el exgobernador sean presentados ante autoridades”, dijo el mandatario panista.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), celebró en sus redes sociales la extradición de César Duarte.

Justo el día en el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Washington, en una visita oficial con Donald Trump, se ejecuta ladetención.

En el 2018, el Gobierno de Chihuahua presentó ante la entonces Procuraduría General de la República las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento en contra de César Duarte, por diversos delitos.

“Ante la relevancia del asunto y a fin de evitar la impunidad, en el año 2019, la hoy Fiscalía General de la República (FGR) inició un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a fin de elaborar y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por la legislación estadounidense”, detalló.

El 8 octubre 2019, la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, libró orden de aprehensión en contra de César Duarte por su probable responsabilidad en los delitos de Peculado y Asociación Delictuosa.

El 18 diciembre de ese mismo año, la Fiscalía General de la República solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la solicitud formal de extradición de César Duarte ante el Gobierno de los Estados Unidos.

«En las próximas 72 horas, según información preliminar y aun no oficial, el acusado sería presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le explicarán sus derechos y los delitos por los cuales es requerido por el Gobierno de México». detalló la FGR.

La orden de detención fue mandada por un Magistrado Federal de Nuevo México, en los Estados Unidos de América.

El Gobierno de Chihuahua informó a finales de noviembre del año pasado que existían en proceso 19 órdenes de aprehensión locales y una federal contra el ex Gobernador César Duarte Jáquez, con fines de extradición. Aunque hay sentencias condenatorias en contra de 11 personas por peculado agravado y otras 17 se mantienen en proceso penal, la cabeza de la red de corrupción seguía en Estados Unidos.

La primera solicitud de detención del exgobernador Duarte fue el 28 de marzo de 2017 y la ficha roja fue lanzada por la Policía Internacional (Interpol) el 31 de marzo de ese año. Pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en una conferencia matutina que la petición de extradición no estuvo “bien fundamentada” durante la administración de su predecesor, Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la investigación Justicia para Chihuahua, al ex mandatario se le acusa del desvío de mil 550 millones de pesos y se le han incautado 16 bienes inmuebles, entre ellos, 12 fincas rústicas y dos ranchos.

En mayo de 2019, Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, informó que inició, en coordinación con la federación, una nueva estrategia para llevar a cabo el cierre del proceso de extradición de su antecesor César Duarte, acusado de peculado.

Fuente: Sin Embargo

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Promoción de Estrategias para la Protección de Zonas Costeras Urbanas en México

La titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Sedatu, Cipactlic Casas Cruz, destacó los avances logrados en la identificación y atención de los desafíos que enfrentan las ciudades costeras, gracias a la colaboración con la GIZ y los gobiernos locales

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En un esfuerzo por abordar los desafíos presentes y futuros de los ecosistemas costeros urbanos debido al crecimiento poblacional, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) han unido fuerzas. En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, se llevó a cabo el encuentro «Cooperación México-Alemania: Por la protección de las regiones costeras urbanas. Resultados y experiencias», donde se presentaron los resultados destacados del Programa Protección de las Regiones Costeras Urbanas (Biocitis).

La titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Sedatu, Cipactlic Casas Cruz, destacó los avances logrados en la identificación y atención de los desafíos que enfrentan las ciudades costeras, gracias a la colaboración con la GIZ y los gobiernos locales. Según Casas Cruz, Sedatu ha desempeñado un papel crucial como contraparte técnica en la implementación de proyectos dirigidos a mejorar la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las regiones urbanas costeras de México.

La consejera de Cooperación de la Embajada de Alemania en México, Simone Franke, enfatizó la generación de instrumentos y estrategias para la protección de la biodiversidad a través del proyecto. Asimismo, Nadia Vélez Campos, directora de Cooperación Bilateral de la AMEXCID, resaltó la eficacia de las acciones del Programa de Cooperación México – Alemania, con un enfoque multiactor en sectores prioritarios.

El evento se estructuró en tres bloques temáticos: acciones de adaptación al cambio climático en territorio, inclusión comunitaria y política urbana sostenible, con la participación de actores del sector público y privado, la sociedad civil y la academia.

Representantes de las ciudades costeras donde se implementó el proyecto, como Los Cabos, Boca del Río, Bacalar y Othón P. Blanco, ofrecieron una visión integral de las experiencias y logros del proyecto a nivel internacional, nacional y local. Se subrayó la importancia de las ciudades en la consecución de los objetivos de las agendas internacionales.

Finalmente, los participantes destacaron que estos esfuerzos tendrán un impacto significativo en el futuro de las familias mexicanas y representan una base para continuar con políticas orientadas a construir regiones costeras sostenibles y resilientes.

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Avances y Compromisos en la Cuarta Reunión de la Comisión de Libre Comercio T-MEC/USMCA/CUSMA

Se hizo hincapié en la importancia de aumentar la integración de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las cadenas de suministro regionales y globales, así como en promover el comercio inclusivo y el respeto al medio ambiente

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Tras la cuarta reunión de la Comisión de Libre Comercio (C.L.C.) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA/CUSMA), celebrada el 22 de mayo de 2024 en Phoenix, Arizona, las autoridades emitieron una declaración conjunta destacando los avances y compromisos alcanzados.

Las ministras Raquel Buenrostro, Katherine Tai y Mary Ng, representantes de México, Estados Unidos y Canadá respectivamente, resaltaron la importancia del T-MEC/USMCA/CUSMA como un tratado de alto nivel y gran ambición que promueve los derechos laborales, prioridades medioambientales y nuevas oportunidades para los productores de la región. Casi cuatro años después de su entrada en vigor, el tratado continúa fortaleciendo la competitividad y resiliencia de América del Norte.

Durante la reunión, las ministras revisaron el trabajo en curso para fortalecer la cooperación trilateral bajo el tratado, incluyendo lecturas del Grupo de Trabajo para la Cooperación en Biotecnología Agrícola y discusiones sobre comercio inclusivo, medio ambiente, competitividad regional y cooperación para la prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Se hizo hincapié en la importancia de aumentar la integración de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las cadenas de suministro regionales y globales, así como en promover el comercio inclusivo y el respeto al medio ambiente. Además, se subrayó la necesidad de fortalecer los derechos laborales y cooperar para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Las ministras ordenaron a los comités redoblar esfuerzos para avanzar en la plena implementación del tratado y garantizar que la economía de América del Norte continúe sirviendo como modelo de competitividad y crecimiento robusto y equitativo.

En el ámbito laboral, se discutió el importante trabajo para implementar plenamente los términos de la Decisión Núm. 5 de la C.L.C., con el objetivo de promover la coordinación gubernamental y la consulta con las industrias y otras partes interesadas en situaciones de emergencia que afecten el flujo comercial de América del Norte.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar trabajando en la implementación y cumplimiento del tratado, así como en la evaluación de progresos en las prioridades discutidas, destacando el papel fundamental del T-MEC/USMCA/CUSMA en la economía de América del Norte y su promesa de mejorar el bienestar de todos los ciudadanos de la región.

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Señalan a Enrique Alfaro como líder corrupción; pasa estafeta a Pablo Lemus

Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada

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En Jalisco, una presunta red de corrupción que abarca desde el Gobierno del Estado hasta los municipios de Zapopan y Guadalajara, así como el Poder Judicial, ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Según las denuncias presentadas, esta red podría implicar a hasta cien funcionarios públicos, principalmente de los municipios de Zapopan y Guadalajara, durante las administraciones de Juan José Frangie y Pablo Lemus, respectivamente.

La investigación también apunta a altos niveles del Gobierno de Jalisco, señalando a Rafael Martínez Ramírez, ex cuñado del gobernador Enrique Alfaro, como el cerebro financiero detrás de estas operaciones.

Martínez Ramírez, desde su despacho jurídico, ofrece «combos» legales a abogados y empresarios para resolver asuntos de alto perfil que no pueden cobrarse legalmente. En complicidad con la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial, estos casos se convierten de deudas civiles a procesos penales, forzando a las víctimas a negociar bajo amenaza de enfrentar juicios desfavorables.

La Fiscalía del Estado y el Poder Judicial de Jalisco están señalados por su participación en esta red. Martínez Ramírez, con la supuesta connivencia del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, y Pablo Lemus, utiliza su influencia para manipular nombramientos y controlar las acciones de la Fiscalía, dejándola inoperante y cooptada por la delincuencia organizada.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) también está implicado en estas denuncias. Empleados han revelado que se les obliga a falsificar cobros exorbitantes a grandes consumidores, y el dinero obtenido es desviado para uso personal de algunos funcionarios.

En caso de resistencia al pago, se ordena bloquear las alcantarillas para extorsionar a los usuarios, exigiendo pagos en efectivo para evitar el rastreo del dinero. Otra área afectada es la Policía Vial, en colaboración con empresas de grúas. Diariamente, se realizan operativos para recoger vehículos mal estacionados, con el fin de cobrar cinco mil pesos por vehículo para liberarlo de la grúa. Este dinero es entregado directamente a funcionarios de la institución.

Las denuncias también incluyen la exigencia de una investigación exhaustiva y transparente sobre los delitos de alto impacto registrados en Jalisco. Pese a una aparente disminución en las cifras de criminalidad, no se han dado a conocer detenciones significativas de autores materiales o intelectuales, dejando muchos casos sin resolver.

En cuanto a la atención de los desaparecidos en Jalisco, la situación es alarmante. La falta de personal capacitado y suficiente en las investigaciones genera revictimización y criminalización de los familiares de las víctimas, que muchas veces son disuadidos de buscar información.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) presenta mejoras solo cosméticas, ocultando el verdadero abandono en que se encuentra. La institución, antes reconocida por su experiencia técnica, ahora enfrenta problemas de nepotismo, falta de recursos y equipo, y sobrecarga laboral que afecta la salud mental de sus empleados. Los peritos, sin mejoras salariales ni actualizaciones profesionales, luchan por manejar la acumulación de cuerpos no identificados en fosas comunes.

La FGR ha recibido solicitudes para investigar estos hechos de corrupción, tráfico de influencias, mal uso de recursos públicos y delitos contra la integridad de las personas. Se pide una indagatoria financiera para evaluar la congruencia entre los ingresos declarados por los funcionarios y su estilo de vida, así como una revisión exhaustiva de sus cuentas bancarias e inmuebles.

La compleja red de corrupción en Jalisco, que involucra a altos funcionarios del gobierno, municipios y el poder judicial, plantea una grave amenaza a la transparencia y la justicia en la región. Las denuncias presentadas requieren una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades federales para restaurar la confianza pública y asegurar que se haga justicia en todos los niveles involucrados.

Un extenso listado de nombres, incluyendo magistrados, jueces penales, civiles, familiares y mercantiles, así como funcionarios de la Fiscalía del Estado, ha sido vinculado a presuntos actos de corrupción en el sistema judicial de Jalisco. Según las acusaciones, estos individuos habrían participado en diversas actividades ilícitas bajo la dirección de Rafael Martínez Ramírez.

Entre los señalados se encuentran jueces como Jorge Antonio Nava Pérez, Javier García Muñoz, y magistrados como Enrique Flores y José Luis Álvarez Pulido, quienes supuestamente habrían recibido beneficios indebidos a cambio de favores.

Además, se ha planteado una denuncia específica sobre el uso de una aplicación móvil para la obtención de votos a favor del candidato a gobernador Pablo Lemus, así como de presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan.

Se menciona que la empresa responsable de esta aplicación fue contratada por Pablo Lemus y dirigida por Rafael Martínez Ramírez y Miguel Sainz. Se sospecha que los fondos utilizados provienen de actividades ilícitas de Martínez Ramírez.

Esta aplicación, presuntamente asociada al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Daniel Espinoza Licon, habría sido utilizada por jueces y magistrados para fines políticos, incluyendo la obtención de votos mediante la manipulación de datos personales de los ciudadanos.

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