La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) firmaron un convenio de colaboración para impulsar proyectos de investigación, transferencia tecnológica y capacitación técnica orientados a fortalecer los sistemas productivos de pesca, ganadería y agricultura.

El acuerdo busca integrar las capacidades científicas y académicas de ambas instituciones para generar soluciones dirigidas al sector agroalimentario y contribuir al fortalecimiento de la soberanía alimentaria de México.

Alianza entre gobierno, academia y productores

Durante la firma del convenio, realizada en el Museo del Telégrafo de la Ciudad de México, la titular de AGRICULTURA, Columba Jazmín López Gutiérrez, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el gobierno, las instituciones educativas y los sectores productivos para desarrollar herramientas que permitan incrementar la productividad del campo.

Señaló que esta colaboración permitirá promover el uso sustentable de los recursos naturales y fortalecer la seguridad alimentaria de la población mediante la innovación y el desarrollo de tecnología propia.

La funcionaria afirmó que el campo mexicano enfrenta diversos retos, pero continúa activo con el respaldo de las y los productores, los programas del Gobierno de México y alianzas como la establecida con el TecNM.

Proyectos estarán enfocados en productos estratégicos

El convenio establece las bases para desarrollar proyectos conjuntos relacionados con los sistemas productivos de pesca, ganadería y agricultura, con énfasis en productos considerados estratégicos para la canasta básica nacional.

Entre los sectores contemplados se encuentran el maíz, arroz, frijol, leche, miel, café, cacao y jitomate, además de acciones vinculadas con la eficiencia hídrica y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

Por su parte, el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, señaló que la institución pondrá la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del bienestar social, mediante proyectos que impulsen el desarrollo regional y la formación de profesionistas vinculados con las necesidades del país.

El TecNM aportará capacidad científica nacional

Como parte de la alianza, el Tecnológico Nacional de México pondrá a disposición su infraestructura académica y científica integrada por 254 instituciones de educación superior tecnológica distribuidas en las 32 entidades federativas.

Estos espacios incluyen institutos tecnológicos, centros regionales y centros de investigación que participarán en la vinculación entre la academia, el sector productivo y las políticas públicas enfocadas en el desarrollo rural sostenible.

Entre los alcances del convenio se contempla la creación de grupos de trabajo conformados por docentes, investigadores, productores, comercializadores e instituciones relacionadas con el sector agroalimentario.

Reconocimiento a capacidades de productores

El acuerdo también contempla impulsar mecanismos para reconocer las habilidades de productores de pequeña y mediana escala, con el objetivo de transformar su experiencia en competencias técnicas reconocidas formalmente.

Además, se promoverán espacios de colaboración y profesionalización para fortalecer la productividad de los sistemas agroalimentarios.

El convenio tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030 y será coordinado por las secretarías de Extensión y Vinculación, así como Académica, de Investigación e Innovación del TecNM, para dar seguimiento a los proyectos que se desarrollen junto con AGRICULTURA.

Designan coordinadores para productos estratégicos

Durante el acto también se entregaron nueve nombramientos a directoras y directores de institutos tecnológicos que fungirán como coordinadores nacionales de la Red del TecNM para el fortalecimiento de la eficiencia hídrica y los sistemas producto estratégicos.

Los coordinadores designados serán responsables de áreas como agua, maíz, arroz, jitomate, miel, cacao, café, leche y pesca.

Con esta alianza, AGRICULTURA y el TecNM buscan fortalecer la vinculación entre educación superior tecnológica, investigación y sector productivo para generar soluciones relacionadas con los retos del campo mexicano y contribuir al desarrollo agroalimentario del país.

México fue seleccionado como el primer país piloto de la iniciativa global Climate Promise Forward: Acelerando la inversión del sector privado para la implementación de la NDC 3.0, un proyecto que busca fortalecer el desarrollo sostenible mediante la atracción de inversión privada para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

La iniciativa fue presentada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y KPMG, con el propósito de traducir las prioridades de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) y del Plan México en proyectos concretos y financieramente viables.

Buscan atraer inversión para proyectos sostenibles

De acuerdo con la información difundida por las instituciones participantes, el proyecto pretende generar oportunidades de inversión alineadas con el desarrollo sostenible del país, además de promover un entorno que facilite la participación del sector privado e identificar cadenas de valor prioritarias con el acompañamiento de inversionistas.

Las autoridades señalaron que la designación de México como primer país piloto representa un reconocimiento al trabajo realizado por la Semarnat y la Secretaría de Hacienda en la construcción de la NDC 3.0, documento que establece los compromisos nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Semarnat advierte sobre los efectos del cambio climático

Durante la presentación, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, afirmó que la alianza representa una oportunidad para transformar la forma en que el país enfrenta el cambio climático, al señalar que la nueva estrategia incorpora por primera vez metas absolutas de reducción de emisiones de dióxido de carbono hacia 2035.

Explicó que la NDC 3.0 establece una meta no condicionada de entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ para 2035, mientras que la meta condicionada contempla un rango de entre 332 y 363 millones de toneladas de CO₂ equivalente, sustituyendo el esquema anterior basado en reducciones porcentuales.

La funcionaria advirtió además que el 70 por ciento de la población mexicana vive en zonas vulnerables al cambio climático, donde ya se registran fenómenos como sequías, ciclones, olas de calor y los efectos del fenómeno de El Niño, por lo que consideró urgente acelerar las acciones de adaptación y mitigación.

Tabasco, entre las entidades afectadas

En su intervención, Alicia Bárcena alertó que los efectos del cambio climático ya impactan de manera directa a las zonas costeras del país. Señaló que los 11 mil kilómetros de litoral de México enfrentan procesos de erosión y pérdida de playas.

Como ejemplo, mencionó el caso de Tabasco, donde aseguró que la entidad enfrenta una delicada inundación que está provocando la salinización de los acuíferos, situación sobre la cual, dijo, ya se realizan acciones.

Millonarias necesidades de financiamiento

Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, consolidar una estrategia nacional de movilidad eléctrica y el Programa Nacional de Calentadores Solares requerirá un financiamiento del orden de 13.6 billones de pesos.

Ante este escenario, la titular de la Semarnat convocó a los sectores público y privado a trabajar de manera conjunta para cerrar la brecha de financiamiento mediante proyectos de bajas emisiones de carbono, al señalar que se requieren inversiones anuales cercanas a 1.7 billones de pesos entre 2023 y 2030.

Llaman a fortalecer la cooperación

Durante el acto, representantes de la Secretaría de Hacienda, KPMG, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el PNUD coincidieron en que la cooperación entre gobiernos, iniciativa privada, organismos internacionales y sector financiero será fundamental para acelerar la acción climática y convertir los compromisos ambientales en proyectos de inversión viables.

Con la puesta en marcha de Climate Promise Forward, el Gobierno de México reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con el sector privado y la cooperación internacional para impulsar inversiones orientadas al desarrollo sostenible y al cumplimiento de las metas climáticas nacionales.

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido la tarde de este jueves en el municipio de Ensenada, como parte de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

A través de un comunicado, la FGR informó que obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Ernesto “N”, misma que fue cumplimentada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia federal indicó que la captura deriva de una investigación considerada de alta complejidad, relacionada con presuntas operaciones de contrabando de combustible efectuadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California.

Aunque el comunicado oficial no identifica de manera expresa el nombre de la empresa, diversos medios nacionales han señalado que las indagatorias estarían vinculadas con Ingemar, firma que previamente ha sido mencionada en investigaciones sobre el presunto ingreso irregular de hidrocarburos al país.

Ernesto Ruffo Appel gobernó Baja California de 1989 a 1995 y fue el primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México.

Tras su detención, el exmandatario será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, la cual determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

La Fiscalía General de la República precisó que en las próximas horas dará a conocer información adicional sobre la investigación y los avances del caso.

Cabe recordar que una orden de aprehensión y la detención de una persona no implican una sentencia condenatoria. Será la autoridad judicial la encargada de resolver su situación legal conforme al debido proceso.