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Los retos que enfrenta el General Gustavo Vallejo en la construcción del Aeropuerto Internacional

El general Vallejo aceptó el reto y a 310 días del inicio de la construcción, compartió como ha desempeñado su tarea.

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En 2019, el gobierno federal le encargó al general Gustavo Vallejo una labor titánica y distinta a las que estaba acostumbrado: la construcción del Aeropuerto Internacional ‘General Felipe Ángeles’, en Santa Lucía, Estado de México.

Aunque los trabajos de planificación y edificación no eran desconocidos ni para él ni para su equipo de ingenieros, la obra representaba particularidades complejas: presupuesto reducido, poco tiempo de ejecución y el foco de atención al tratarse de uno de los proyectos clave del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Vallejo aceptó el reto y a 310 días del inicio de la construcción habló con Obras sobre como ha desempeñado su tarea.

¿Qué nuevos retos presenta este proyecto para la Sedena?

Hay muchos retos, el principal evidentemente es el tiempo. Tenemos un tiempo reducido para materializar la obra, y no sólo materializarla, sino ponerla en operación. Que pase de ser una edificación nueva a que sea un negocio rentable, escalable y seguro.

Y la construcción del aeropuerto involucra también, dentro de este campo militar, la reubicación de 500,000 metros cuadrados de la base aérea militar, que se tiene que construir no solo al mismo tiempo, inclusive antes, para poder liberar espacios de la construcción de las instalaciones aeroportuarias.

Igualmente está implícita la adquisición de terrenos para tener una instalación aeroportuaria que pueda crecer y desarrollarse con el tiempo de acuerdo a un plan maestro y atender desde 20 millones de pasajeros, hasta un horizonte de 100 millones de pasajeros.

¿Por qué la Sedena es la encargada de construir el aeropuerto?

El proyecto es un asunto de seguridad nacional. Tiene dos vertientes, la civil y la militar. La presencia de las fuerzas armadas en este proyecto obedece a que es un asunto de interés público, de interés nacional.

Por el otro lado está también la vertiente militar. Santa Lucía es un campo militar de gran importancia para las fuerzas armadas.Es un centro logístico de operaciones para el Ejército Mexicano. Todo ello nos obliga a construir una instalación con rapidez y con secrecía en las operaciones.

¿Cuáles son las ventajas y dificultades técnicas de hacer el aeropuerto en Santa Lucía?

Hay una gran ventaja técnica en cuanto a la orientación de este terreno. Ha operado la Base Aérea Militar No. 1 aquí por 70 años, sin ningún accidente por cuestiones de orografía. Conocemos perfectamente, con base en la operación de la fuerza aérea, más de 30 años de registro de dirección del viento, de componente, de humedad, de temperatura. Ello nos permite hacer un diseño adecuado de las pistas.

Por otra parte, el terreno. Estamos efectivamente en el gran lago de la Ciudad de México. Sin embargo, nos encontramos en los márgenes de ese lago. Nos permite encontrar un extracto duro y resistente a cuatro metros de profundidad en comparación con el proyecto anterior que estaba hasta 40. Ello evidentemente reduce muchísimo el gasto por cuestión de estructura de terraplén para las pistas.

Lo difícil realmente ha sido poder coordinar todos los actores involucrados, tener los estudios necesarios para poder arrancar una obra con certeza de proyecto en un tiempo récord de menos de un año.

¿Por qué se adquirieron terrenos aledaños?

El aeropuerto está ubicado en lo que es la actual Base Militar No. 1 dentro del campo militar 37 b, estamos hablando alrededor de 2,332 hectáreas, de las cuáles dos terceras partes serán para el aeropuerto y una tercera parte del sur será para las instalaciones de la Fuerza Aérea. El aeropuerto deberá crecer.

Es decir, crecerán las terminales, se ampliarán, habrán más pistas, más plataformas, más calles de rodaje, y para eso se necesita terreno.

De tal manera que el gobierno autorizó la adquisición adicional de 1,400 hectáreas. Primero como una suma de amortiguamiento acústico y de seguridad para las poblaciones. Pero posteriormente funcionará en dos, tres, cuatro, cinco administraciones, en un espacio para permitir el desarrollo de nueva infraestructura.

Lo cual le dará vida al aeropuerto en un horizonte de 50 años más. Si lo vamos a construir nosotros, no lo sabemos. Sabemos que entregaremos esta obra de manera funcional, rentable y escalable a un operador aeroportuario que determinará el el gobierno.

¿Cuáles son los avances en la construcción?

A 310 días de trabajos iniciados, quiero mencionarle que tenemos solamente 886 para cumplir con la misión, llevamos un avance físico cercano al 30% y un avance financiero que ronda el 17%. Hemos llevado un gasto responsable y estamos avanzando más arriba de lo programado, porque controlamos todas las variables. Estamos trabajando al interior del campo militar, tenemos suministros simultáneos de cada insumo, las obras avanzan sin contratiempos aún con afectaciones por concepto de lluvia, sobretodo.

Hemos tenido algunas interferencias legales por conceptos de amparos y, pero todas ellas se han atendido correctamente y hoy el proyecto no tiene un sólo obstáculo que limite su desarrollo.

¿Cómo han gestionado los hallazgos de los huesos de mamut?

Se firmaron convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en estos convenios el INAH primero determinó que no existe evidencia de arqueología monumental. Grandes pirámides.

Se han encontrado algunos restos de poblaciones, de pescadores en el extremo norte. Y los hallazgos arqueológicos están alrededor de un metro y corresponden a una época del preclásico del año 400 al año 1000 de nuestra cultura, pero tres metros abajo están restos paleontológicos. Evidentemente, megafauna, hemos encontrado mamuts, caballos y camellos de la época del pleistoceno.

Mucha gente dice que la obra debería pararse porque hay restos arqueológicos y estamos vulnerando la cultura. No, al contrario, la obra y sus recursos son el motor de este rescate. Los recursos de la obra permiten pagar arqueólogos, y qué mejor que sea la Sedena la que ayude en sus nóminas de la obra para contratar ayudantes, para poner nuestra maquinaria, para poner nuestras instalaciones para hacer el rescate.

¿Cuál ha sido la parte más complicada de la construcción?

El mayor problema es el tiempo reducido que nos obligó a superponer todos los procesos secuenciales de la construcción de la obra, de manera que se intersectan.

No nos podemos permitir, por el tiempo que tenemos y por los recursos que disponemos de cometer errores de ingeniería, de hacer edificaciones en donde no van, tener que modificar instalaciones, alcances o reducir estos.

Hoy, con alegría le digo que tenemos todos los estudios previos, que el diseño está prácticamente terminado, que la potencia de construcción de nuestros ingenieros militares lleva la obra adelante y que inclusive estamos trabajando con el grupo aeroportuario de la CDMX, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el grupo operador del aeropuerto en la preparación operacional.

¿Cómo se realizará la apertura?

Las instrucciones que tenemos del señor presidente es que el aeropuerto se inaugure y opere el 21 de marzo del 2022, con la capacidad instalada para poder mover 19.5 millones de pasajeros, o bien, medio millón de toneladas de carga. ¿Qué reto y qué misión tiene el cuerpo de ingenieros del ejército? Construir la infraestructura estratégica.

Nos referimos a tener las pistas, las plataformas, las calles de rodaje, la terminal de pasajeros, el estacionamiento principal, las vialidades de acceso y perimetrales de seguridad, la torre de control, las granjas de combustible y todas las redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas además de la gran terminal de carga. Hay otras instalaciones del aeropuerto que no son estratégicas.

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Promoción de Estrategias para la Protección de Zonas Costeras Urbanas en México

La titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Sedatu, Cipactlic Casas Cruz, destacó los avances logrados en la identificación y atención de los desafíos que enfrentan las ciudades costeras, gracias a la colaboración con la GIZ y los gobiernos locales

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En un esfuerzo por abordar los desafíos presentes y futuros de los ecosistemas costeros urbanos debido al crecimiento poblacional, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) han unido fuerzas. En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, se llevó a cabo el encuentro «Cooperación México-Alemania: Por la protección de las regiones costeras urbanas. Resultados y experiencias», donde se presentaron los resultados destacados del Programa Protección de las Regiones Costeras Urbanas (Biocitis).

La titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Sedatu, Cipactlic Casas Cruz, destacó los avances logrados en la identificación y atención de los desafíos que enfrentan las ciudades costeras, gracias a la colaboración con la GIZ y los gobiernos locales. Según Casas Cruz, Sedatu ha desempeñado un papel crucial como contraparte técnica en la implementación de proyectos dirigidos a mejorar la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las regiones urbanas costeras de México.

La consejera de Cooperación de la Embajada de Alemania en México, Simone Franke, enfatizó la generación de instrumentos y estrategias para la protección de la biodiversidad a través del proyecto. Asimismo, Nadia Vélez Campos, directora de Cooperación Bilateral de la AMEXCID, resaltó la eficacia de las acciones del Programa de Cooperación México – Alemania, con un enfoque multiactor en sectores prioritarios.

El evento se estructuró en tres bloques temáticos: acciones de adaptación al cambio climático en territorio, inclusión comunitaria y política urbana sostenible, con la participación de actores del sector público y privado, la sociedad civil y la academia.

Representantes de las ciudades costeras donde se implementó el proyecto, como Los Cabos, Boca del Río, Bacalar y Othón P. Blanco, ofrecieron una visión integral de las experiencias y logros del proyecto a nivel internacional, nacional y local. Se subrayó la importancia de las ciudades en la consecución de los objetivos de las agendas internacionales.

Finalmente, los participantes destacaron que estos esfuerzos tendrán un impacto significativo en el futuro de las familias mexicanas y representan una base para continuar con políticas orientadas a construir regiones costeras sostenibles y resilientes.

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Avances y Compromisos en la Cuarta Reunión de la Comisión de Libre Comercio T-MEC/USMCA/CUSMA

Se hizo hincapié en la importancia de aumentar la integración de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las cadenas de suministro regionales y globales, así como en promover el comercio inclusivo y el respeto al medio ambiente

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Tras la cuarta reunión de la Comisión de Libre Comercio (C.L.C.) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA/CUSMA), celebrada el 22 de mayo de 2024 en Phoenix, Arizona, las autoridades emitieron una declaración conjunta destacando los avances y compromisos alcanzados.

Las ministras Raquel Buenrostro, Katherine Tai y Mary Ng, representantes de México, Estados Unidos y Canadá respectivamente, resaltaron la importancia del T-MEC/USMCA/CUSMA como un tratado de alto nivel y gran ambición que promueve los derechos laborales, prioridades medioambientales y nuevas oportunidades para los productores de la región. Casi cuatro años después de su entrada en vigor, el tratado continúa fortaleciendo la competitividad y resiliencia de América del Norte.

Durante la reunión, las ministras revisaron el trabajo en curso para fortalecer la cooperación trilateral bajo el tratado, incluyendo lecturas del Grupo de Trabajo para la Cooperación en Biotecnología Agrícola y discusiones sobre comercio inclusivo, medio ambiente, competitividad regional y cooperación para la prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Se hizo hincapié en la importancia de aumentar la integración de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las cadenas de suministro regionales y globales, así como en promover el comercio inclusivo y el respeto al medio ambiente. Además, se subrayó la necesidad de fortalecer los derechos laborales y cooperar para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Las ministras ordenaron a los comités redoblar esfuerzos para avanzar en la plena implementación del tratado y garantizar que la economía de América del Norte continúe sirviendo como modelo de competitividad y crecimiento robusto y equitativo.

En el ámbito laboral, se discutió el importante trabajo para implementar plenamente los términos de la Decisión Núm. 5 de la C.L.C., con el objetivo de promover la coordinación gubernamental y la consulta con las industrias y otras partes interesadas en situaciones de emergencia que afecten el flujo comercial de América del Norte.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar trabajando en la implementación y cumplimiento del tratado, así como en la evaluación de progresos en las prioridades discutidas, destacando el papel fundamental del T-MEC/USMCA/CUSMA en la economía de América del Norte y su promesa de mejorar el bienestar de todos los ciudadanos de la región.

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Señalan a Enrique Alfaro como líder corrupción; pasa estafeta a Pablo Lemus

Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada

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En Jalisco, una presunta red de corrupción que abarca desde el Gobierno del Estado hasta los municipios de Zapopan y Guadalajara, así como el Poder Judicial, ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Según las denuncias presentadas, esta red podría implicar a hasta cien funcionarios públicos, principalmente de los municipios de Zapopan y Guadalajara, durante las administraciones de Juan José Frangie y Pablo Lemus, respectivamente.

La investigación también apunta a altos niveles del Gobierno de Jalisco, señalando a Rafael Martínez Ramírez, ex cuñado del gobernador Enrique Alfaro, como el cerebro financiero detrás de estas operaciones.

Martínez Ramírez, desde su despacho jurídico, ofrece «combos» legales a abogados y empresarios para resolver asuntos de alto perfil que no pueden cobrarse legalmente. En complicidad con la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial, estos casos se convierten de deudas civiles a procesos penales, forzando a las víctimas a negociar bajo amenaza de enfrentar juicios desfavorables.

La Fiscalía del Estado y el Poder Judicial de Jalisco están señalados por su participación en esta red. Martínez Ramírez, con la supuesta connivencia del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, y Pablo Lemus, utiliza su influencia para manipular nombramientos y controlar las acciones de la Fiscalía, dejándola inoperante y cooptada por la delincuencia organizada.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) también está implicado en estas denuncias. Empleados han revelado que se les obliga a falsificar cobros exorbitantes a grandes consumidores, y el dinero obtenido es desviado para uso personal de algunos funcionarios.

En caso de resistencia al pago, se ordena bloquear las alcantarillas para extorsionar a los usuarios, exigiendo pagos en efectivo para evitar el rastreo del dinero. Otra área afectada es la Policía Vial, en colaboración con empresas de grúas. Diariamente, se realizan operativos para recoger vehículos mal estacionados, con el fin de cobrar cinco mil pesos por vehículo para liberarlo de la grúa. Este dinero es entregado directamente a funcionarios de la institución.

Las denuncias también incluyen la exigencia de una investigación exhaustiva y transparente sobre los delitos de alto impacto registrados en Jalisco. Pese a una aparente disminución en las cifras de criminalidad, no se han dado a conocer detenciones significativas de autores materiales o intelectuales, dejando muchos casos sin resolver.

En cuanto a la atención de los desaparecidos en Jalisco, la situación es alarmante. La falta de personal capacitado y suficiente en las investigaciones genera revictimización y criminalización de los familiares de las víctimas, que muchas veces son disuadidos de buscar información.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) presenta mejoras solo cosméticas, ocultando el verdadero abandono en que se encuentra. La institución, antes reconocida por su experiencia técnica, ahora enfrenta problemas de nepotismo, falta de recursos y equipo, y sobrecarga laboral que afecta la salud mental de sus empleados. Los peritos, sin mejoras salariales ni actualizaciones profesionales, luchan por manejar la acumulación de cuerpos no identificados en fosas comunes.

La FGR ha recibido solicitudes para investigar estos hechos de corrupción, tráfico de influencias, mal uso de recursos públicos y delitos contra la integridad de las personas. Se pide una indagatoria financiera para evaluar la congruencia entre los ingresos declarados por los funcionarios y su estilo de vida, así como una revisión exhaustiva de sus cuentas bancarias e inmuebles.

La compleja red de corrupción en Jalisco, que involucra a altos funcionarios del gobierno, municipios y el poder judicial, plantea una grave amenaza a la transparencia y la justicia en la región. Las denuncias presentadas requieren una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades federales para restaurar la confianza pública y asegurar que se haga justicia en todos los niveles involucrados.

Un extenso listado de nombres, incluyendo magistrados, jueces penales, civiles, familiares y mercantiles, así como funcionarios de la Fiscalía del Estado, ha sido vinculado a presuntos actos de corrupción en el sistema judicial de Jalisco. Según las acusaciones, estos individuos habrían participado en diversas actividades ilícitas bajo la dirección de Rafael Martínez Ramírez.

Entre los señalados se encuentran jueces como Jorge Antonio Nava Pérez, Javier García Muñoz, y magistrados como Enrique Flores y José Luis Álvarez Pulido, quienes supuestamente habrían recibido beneficios indebidos a cambio de favores.

Además, se ha planteado una denuncia específica sobre el uso de una aplicación móvil para la obtención de votos a favor del candidato a gobernador Pablo Lemus, así como de presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan.

Se menciona que la empresa responsable de esta aplicación fue contratada por Pablo Lemus y dirigida por Rafael Martínez Ramírez y Miguel Sainz. Se sospecha que los fondos utilizados provienen de actividades ilícitas de Martínez Ramírez.

Esta aplicación, presuntamente asociada al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Daniel Espinoza Licon, habría sido utilizada por jueces y magistrados para fines políticos, incluyendo la obtención de votos mediante la manipulación de datos personales de los ciudadanos.

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