El uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ya forma parte de la vida académica en México. Así lo evidencian los resultados de la Encuesta Nacional “Usos y percepciones sobre IAG en la Educación Superior”, en la que participaron más de 1.5 millones de estudiantes y más de 166 mil docentes, considerada la de mayor alcance a nivel mundial en su tipo.

Los datos muestran que más del 60 por ciento de alumnas, alumnos y profesores utiliza estas herramientas de manera cotidiana, mientras que ocho de cada diez estudiantes las emplea para la elaboración de textos. Además, 9 de cada 10 participantes afirmaron conocer la IAG, lo que refleja su rápida incorporación en aulas y espacios de investigación.

Tras la presentación de estos resultados, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, planteó a rectoras y rectores del país una serie de diez acciones orientadas a regular y orientar el uso de esta tecnología en las instituciones de educación superior.

Entre las propuestas se encuentra el reconocimiento de que la IAG ha dejado de ser una herramienta emergente para convertirse en un recurso habitual en el ámbito académico. También se plantea la necesidad de establecer lineamientos institucionales, fortalecer la formación docente, impulsar la literacidad digital y modificar los planes de estudio para adaptarlos a este entorno tecnológico.

Las acciones incluyen además la revisión de los modelos de evaluación académica, la incorporación de la IAG en la formación estudiantil, el desarrollo de mecanismos de colaboración para reducir brechas de acceso, así como la inclusión de la perspectiva de género y la atención al bienestar estudiantil, considerando que algunos jóvenes utilizan estas herramientas como apoyo emocional.

De acuerdo con autoridades educativas, el estudio no solo aporta datos sobre el uso de la tecnología, sino que también abre un espacio para discutir cómo integrarla sin que rebase a las instituciones. En ese sentido, se plantea la necesidad de definir criterios comunes para su implementación en el sistema educativo.

El análisis también advierte que la discusión sobre la IAG no se limita al ámbito tecnológico, sino que abarca aspectos éticos, pedagógicos, de derechos humanos y filosóficos, lo que implica un enfoque más amplio en su adopción dentro de las universidades.

En este contexto, se prevé que las instituciones de educación superior enfrenten un proceso de ajuste en sus dinámicas de enseñanza, aprendizaje y generación de conocimiento, en función del crecimiento acelerado del uso de estas herramientas digitales.

El gobierno de Estados Unidos autorizó a CIBanco, institución previamente sancionada por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles, realizar transferencias financieras con el objetivo de completar su proceso de liquidación en México.

La medida fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, que ajustó las restricciones impuestas al banco para permitirle concluir de manera ordenada el cierre de sus operaciones.

Permiten operaciones para cierre ordenado

La decisión se da luego de que las autoridades estadounidenses bloquearan el acceso de CIBanco al sistema financiero de ese país, tras determinar que la institución facilitó el lavado de recursos provenientes del tráfico de opioides.

Ante este escenario, el gobierno de México asumió el control del proceso, con el fin de evitar afectaciones mayores al sistema financiero nacional y garantizar una liquidación supervisada.

Con la autorización, CIBanco podrá realizar transferencias necesarias para vender sus activos, cubrir adeudos y distribuir recursos conforme a la normativa vigente.

Compromiso bilateral contra el lavado de dinero

El Departamento del Tesoro destacó que esta resolución forma parte de la cooperación entre ambos países para combatir las operaciones financieras ilícitas.

“Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan”, señaló la dependencia en un posicionamiento oficial.

Supervisión y cierre definitivo

El proceso contempla el cierre definitivo de la institución financiera, bajo supervisión de autoridades mexicanas, quienes deberán garantizar la transparencia en la venta de activos y el cumplimiento de obligaciones con clientes y acreedores.

Este caso se suma a las acciones internacionales para reforzar los controles contra el lavado de dinero y limitar el uso del sistema bancario por parte de organizaciones criminales.

La decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal contra líderes de la La Luz del Mundo desató críticas de víctimas, activistas y organizaciones civiles, quienes advierten un posible caso de impunidad.

De acuerdo con información del caso, la indagatoria federal incluía señalamientos por delitos como abuso sexual infantil, trata de personas y enriquecimiento ilícito. No obstante, la autoridad ministerial determinó cerrar la investigación sin hacer públicos los argumentos que sustentan la resolución.

Víctimas cuestionan la decisión

Tras darse a conocer el cierre del caso, presuntas víctimas manifestaron su inconformidad y señalaron que no fueron notificadas previamente.

Entre ellas, Sochil Martin ha sostenido que la determinación contradice pruebas y testimonios presentados en distintos procesos judiciales, tanto en México como en el extranjero.

Colectivos de víctimas advirtieron que resoluciones de este tipo podrían desalentar nuevas denuncias y perpetuar esquemas de silencio dentro de organizaciones con estructuras de poder.

Contraste con procesos en Estados Unidos

El caso también ha sido comparado con el proceso judicial en Estados Unidos contra Naasón Joaquín García, líder de la organización, quien en 2022 se declaró culpable de abuso sexual de menores y fue sentenciado a más de 16 años de prisión en California.

Además, enfrenta nuevas acusaciones federales por presunta trata sexual y delincuencia organizada, lo que mantiene la atención internacional sobre la agrupación religiosa.

Exigen transparencia y revisión del caso

La resolución de la Fiscalía ha reactivado el debate público sobre la relación entre poder político y organizaciones religiosas en México, así como sobre la capacidad institucional para garantizar justicia en delitos de alto impacto.

Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a la FGR transparentar los motivos del cierre del caso y, en su caso, reabrir la investigación bajo estándares internacionales de debida diligencia.