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Lozoya implica en denuncia al menos a 16 políticos por actos de corrupción

Emilio Lozoya, implica a Salinas, Calderón, Peña y otros 13 políticos entre expresidentes, excandidatos presidenciales, legisladores y funcionarios públicos en actos de corrupción.

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Los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como otros 13 políticos mexicanos, están implicados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR informó este miércoles que ya abrió una indagatoria por la filtración de la denuncia que presentó el exfuncionario peñista. Y el equipo legal del exdirector de Pemex también se deslindó de haber filtrado el documento.

¿Quiénes son los señalados por Lozoya?

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ya había referido que Emilio Lozoya denunció al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por presuntamente haber gestionado sobornos millonarios, dinero que estaría vinculado a Odebrecht. Hoy se da a conocer que también acusa a los exmandatarios Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari de actos de corrupción.

En la denuncia presentada el 11 de agosto, Lozoya señala de igual manera a los excandidatos presidenciales del PRI, José Antonio Meade, y del PAN, Ricardo Anaya. A los entonces senadores, Francisco García Cabeza de Vaca, hoy gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, hoy gobernador de Querétaro ; David Penchyna, quien fuera presidente de la Comisión de Energía; Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury y Ernesto Cordero Arroyo, todos ellos cercanos al presidente Felipe Calderón.

Además también se implica al exdirector y exconsejero de Pemex, José Antonio González Anaya; a Carlos Treviño Medina, quien fuera funcionario de la Secretaría de Hacienda y posteriormente director de Pemex; Rafael Caraveo Opengo, exfuncionario del Senado de la República y quien fue captado con bolsas de dinero en el video dado a conocer hace unos días, así como a Osiris Hernández, secretario particular de Ricardo Anaya.

La periodista Lourdes Mendoza, también es señalada como la beneficiaría de un obsequio de una bolsa de lujo. La columnista negó la acusación y dijo que presentará una denuncia en contra de Lozoya.

El deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador se cumplió un día después de solicitar que la denuncia de Lozoya se diera a conocer por completo a fin de que se “supiera la verdad” sobre la corrupción que imperaba en los anteriores sexenios.

Expresidentes y excandidatos

Emilio Lozoya declaró que los sobornos de Odebrecht iniciaron durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y concluyeron cuando las reformas estructurales de Peña Nieto fueron aprobadas en el Congreso de la Unión.

La denuncia dedica un apartado sobre el expresidente Calderón, en que incluye detalles de cómo supuestamente favoreció a Odebrecht mediante contratos que dañaban a Pemex y beneficiaban a la firma brasileña, en concreto desglosa que se vendía producto a la empresa brasileña con un precio menor del 25% al del mercado.

«Esta situación comenzó con el gobierno de Felipe Calderón y culminó con el mandato del presidente Enrique Peña, particularmente durante la negociación de la reforma energética. Durante ese lapso, el grupo o persona jurídica Odebrecht no sólo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado mexicano, sino que además participó activamente junto con otras grandes empresa, influenciando la política energética del país, mediante la reforma energética», señala Lozoya en la denuncia.

Ante ello, el exmandatario panista señaló que el manejo “ilegal y mediático” del caso confirma que Lozoya, “con el chantaje de tener presa a su mamá” es usado por el presidente López Obrador como un “instrumento de venganza y persecución política”. 

“No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sobre el expresidente, Carlos Salinas de Gortari, lo ubica como “cabildero de panistas”, asesor de José Antonio González Anaya, también exdirector de Pemex, y como cabildero de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba “pagarle a la empresa TRESE más de 15 millones de dólares porque PEMEX le había cancelado el contrato de una plataforma marítima”, y afirma que esa empresa no cumplió con el mantenimiento que debía darle a una plataforma, razón por la que fallecieron algunos trabajadores.

Otro nombre clave que figura en el documento es el de José Antonio Meade, quien fue secretario de Hacienda, de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores en el gobierno de Peña Nieto y que, de acuerdo con Lozoya, habría recibido 4 millones. El exfuncionario refirió que es acusado sin pruebas, y afirmó que ha notificado a las autoridades su localización en caso de ser necesario para contribuir a las indagatorias.

«Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos», publicó en su cuenta de Twitter.

El sucesor de Lozoya, José Antonio González Anaya también se deslindó de la acusación de que recibió más de 4 millones de pesos por instrucciones de Videgaray. Tanto a él como a Meade se les acusa de haber recibido los recursos en sus domicilios, el 15 de septiembre de 2014.

En la declaración, que consta de 63 cuartillas, Lozoya señala que los entonces senadores del PAN «prácticamente lo extorsionaron» con hasta 50 millones de dólares para que votaran a favor de la reforma energética, dejando en claro que esto no se trató de una «negociación».

De acuerdo con el exfuncionario, en esos tiempos se le entregó el dinero en efectivo a Ernesto Cordero, Ricardo Anaya, Francisco Domínguez, José Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Francisco García Cabeza de Vaca.

También destaca que él recibía instrucciones de Luiz Videgaray, por lo que en diversas ocasiones recibió en su oficina a legisladores del PAN para negociar el precio de su voto.

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Avances en Educación y Apoyo al Magisterio de Oaxaca: Revisión Interinstitucional entre SEP, SEGOB y Gobierno Estatal

Durante la reunión, los funcionarios revisaron una serie de programas clave para mejorar la educación en la región, como las becas Rita Cetina para Educación Básica, Benito Juárez para Educación Media Superior, y Jóvenes Escribiendo el Futuro para la Educación Superior

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El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, la secretaria de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, sostuvieron una reunión de trabajo en la sede histórica de la SEP para revisar el avance en los programas educativos prioritarios implementados en la entidad. El encuentro tuvo como propósito evaluar los esfuerzos dirigidos a fortalecer el sector educativo oaxaqueño y atender las necesidades del magisterio local, como parte de las estrategias impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la reunión, los funcionarios revisaron una serie de programas clave para mejorar la educación en la región, como las becas Rita Cetina para Educación Básica, Benito Juárez para Educación Media Superior, y Jóvenes Escribiendo el Futuro para la Educación Superior. Estos programas han impactado positivamente en la matrícula escolar y en la calidad educativa del estado. En 2025, más de 635 mil estudiantes oaxaqueños fueron beneficiados con estos apoyos, con una inversión superior a los 5,964 millones de pesos.

Otro tema abordado en la reunión fue la infraestructura escolar. Se analizó el progreso del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), que busca mejorar las condiciones físicas de las escuelas, beneficiando a 13,463 planteles de nivel básico y medio superior. Hasta la fecha, se han invertido 3,676 millones de pesos en estas mejoras, lo que representa casi la cobertura total de los planteles en la entidad.

La entrega de uniformes escolares y equipos de cómputo también fue parte de la agenda. Según los datos proporcionados, 688,484 estudiantes han recibido recursos para la adquisición de uniformes escolares, con una inversión de 836 millones de pesos. Además, más de 23 mil equipos de cómputo y 11 mil proyectores han sido distribuidos en las escuelas, con un gasto superior a los 749 millones de pesos.

El bienestar de los docentes también fue un tema central. Durante la reunión, se destacó el incremento salarial del 10% aprobado por el gobierno federal, el cual tuvo un impacto directo en Oaxaca, con una inversión adicional cercana a los 3 mil millones de pesos, mejorando así las condiciones laborales del magisterio.

El secretario Mario Delgado subrayó la importancia del trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno para lograr avances sustanciales en la educación y el bienestar de los habitantes del estado. Reiteró que la cooperación interinstitucional y el diálogo continuo son esenciales para alcanzar los objetivos establecidos y garantizar beneficios a las comunidades escolares.

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Autoridades fijan límites de captura para sardina, anchoveta y macarela en 2026

Entre los volúmenes autorizados destacan 338 mil 122 toneladas de sardina del Pacífico en la costa occidental de la península de Baja California, así como 119 mil 175 toneladas de anchoveta norteña en la misma región. Para la macarela, se establecieron 12 mil 316 toneladas en esa zona.

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La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) informó el establecimiento de volúmenes de captura permisibles para especies como sardina, anchoveta y macarela durante la temporada de pesca 2026 en aguas del Océano Pacífico y el Golfo de California.

De acuerdo con el organismo, esta medida tiene como objetivo mantener el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, así como garantizar la conservación de las poblaciones de estas especies. Las disposiciones se basan en la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

Entre los volúmenes autorizados destacan 338 mil 122 toneladas de sardina del Pacífico en la costa occidental de la península de Baja California, así como 119 mil 175 toneladas de anchoveta norteña en la misma región. Para la macarela, se establecieron 12 mil 316 toneladas en esa zona.

En el Golfo de California, los límites incluyen 128 mil 545 toneladas de sardina monterrey y 230 mil 736 toneladas de anchoveta norteña. También se contemplan 59 mil 585 toneladas de macarela, además de otras especies como sardina crinuda y sardina bocona en distintas regiones del golfo.

Esta pesquería tiene un peso relevante en el país, ya que representa hasta el 50 por ciento de los volúmenes nacionales de captura, además de generar aproximadamente cinco mil empleos directos en el noroeste de México y entre 20 mil y 25 mil empleos indirectos a nivel nacional.

Las disposiciones aplicarán durante todo el año a quienes cuenten con permisos y concesiones vigentes para la pesca comercial de pelágicos menores, así como a capitanes, tripulantes y demás personas involucradas en esta actividad, conforme a lo establecido en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La Conapesca también notificará a los titulares cuando se esté por alcanzar el volumen autorizado, con el fin de detener oportunamente las operaciones de pesca. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones conforme a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y otras disposiciones legales.

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Autoridades ambientales y productores de aguacate acuerdan acciones contra la deforestación

Entre las medidas contempladas se encuentra detener los cambios de uso de suelo ilegales, así como la adopción de buenas prácticas agrícolas que permitan reducir la huella ambiental de las huertas

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) firmaron un convenio para impulsar la producción de aguacate bajo criterios de protección ambiental y frenar la deforestación vinculada a esta actividad.

El acuerdo, suscrito el 15 de abril, establece un esquema de colaboración mediante el cual los productores adoptarán acciones coordinadas de protección, conservación y restauración de ecosistemas forestales, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la normatividad ambiental en las zonas productoras.

Entre las medidas contempladas se encuentra detener los cambios de uso de suelo ilegales, así como la adopción de buenas prácticas agrícolas que permitan reducir la huella ambiental de las huertas. También se prevé la implementación de mecanismos de compensación para mitigar impactos y recuperar funciones ecosistémicas, particularmente en lo relacionado con la provisión de agua.

Durante la firma, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que el convenio busca avanzar hacia una producción de aguacate de exportación libre de deforestación, al tiempo que promueve el acompañamiento a productores para la adopción de prácticas responsables.

Como parte de este acuerdo, la Semarnat brindará acompañamiento técnico y apoyará en la identificación de huertos con afectación forestal registrados entre 2019 y 2025. Además, participará en la evaluación y validación de acciones de restauración ambiental y compensación.

Por su parte, la Profepa mantendrá labores de inspección, vigilancia y verificación, y trabajará de manera coordinada con Semarnat en la definición de criterios técnicos para la reparación del daño ambiental. En tanto, la APEAM se comprometió a proporcionar información, establecer mecanismos de control y apoyar a sus agremiados en procesos de regularización.

El convenio también busca equilibrar el desarrollo económico del sector aguacatero con la protección de los recursos naturales, mediante la promoción de prácticas sostenibles y el respeto a la legislación vigente. Asimismo, plantea rutas para evaluar impactos ambientales y aplicar medidas de restauración.

México se mantiene como el principal productor y exportador de aguacate a nivel mundial. En 2025, esta actividad generó alrededor de 70 mil empleos directos y 300 mil indirectos, lo que resalta la importancia de avanzar hacia un modelo productivo que garantice la sostenibilidad del sector.

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