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Nacionales

Lozoya implica en denuncia al menos a 16 políticos por actos de corrupción

Emilio Lozoya, implica a Salinas, Calderón, Peña y otros 13 políticos entre expresidentes, excandidatos presidenciales, legisladores y funcionarios públicos en actos de corrupción.

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Los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como otros 13 políticos mexicanos, están implicados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR informó este miércoles que ya abrió una indagatoria por la filtración de la denuncia que presentó el exfuncionario peñista. Y el equipo legal del exdirector de Pemex también se deslindó de haber filtrado el documento.

¿Quiénes son los señalados por Lozoya?

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ya había referido que Emilio Lozoya denunció al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por presuntamente haber gestionado sobornos millonarios, dinero que estaría vinculado a Odebrecht. Hoy se da a conocer que también acusa a los exmandatarios Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari de actos de corrupción.

En la denuncia presentada el 11 de agosto, Lozoya señala de igual manera a los excandidatos presidenciales del PRI, José Antonio Meade, y del PAN, Ricardo Anaya. A los entonces senadores, Francisco García Cabeza de Vaca, hoy gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, hoy gobernador de Querétaro ; David Penchyna, quien fuera presidente de la Comisión de Energía; Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury y Ernesto Cordero Arroyo, todos ellos cercanos al presidente Felipe Calderón.

Además también se implica al exdirector y exconsejero de Pemex, José Antonio González Anaya; a Carlos Treviño Medina, quien fuera funcionario de la Secretaría de Hacienda y posteriormente director de Pemex; Rafael Caraveo Opengo, exfuncionario del Senado de la República y quien fue captado con bolsas de dinero en el video dado a conocer hace unos días, así como a Osiris Hernández, secretario particular de Ricardo Anaya.

La periodista Lourdes Mendoza, también es señalada como la beneficiaría de un obsequio de una bolsa de lujo. La columnista negó la acusación y dijo que presentará una denuncia en contra de Lozoya.

El deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador se cumplió un día después de solicitar que la denuncia de Lozoya se diera a conocer por completo a fin de que se “supiera la verdad” sobre la corrupción que imperaba en los anteriores sexenios.

Expresidentes y excandidatos

Emilio Lozoya declaró que los sobornos de Odebrecht iniciaron durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y concluyeron cuando las reformas estructurales de Peña Nieto fueron aprobadas en el Congreso de la Unión.

La denuncia dedica un apartado sobre el expresidente Calderón, en que incluye detalles de cómo supuestamente favoreció a Odebrecht mediante contratos que dañaban a Pemex y beneficiaban a la firma brasileña, en concreto desglosa que se vendía producto a la empresa brasileña con un precio menor del 25% al del mercado.

«Esta situación comenzó con el gobierno de Felipe Calderón y culminó con el mandato del presidente Enrique Peña, particularmente durante la negociación de la reforma energética. Durante ese lapso, el grupo o persona jurídica Odebrecht no sólo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado mexicano, sino que además participó activamente junto con otras grandes empresa, influenciando la política energética del país, mediante la reforma energética», señala Lozoya en la denuncia.

Ante ello, el exmandatario panista señaló que el manejo “ilegal y mediático” del caso confirma que Lozoya, “con el chantaje de tener presa a su mamá” es usado por el presidente López Obrador como un “instrumento de venganza y persecución política”. 

“No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sobre el expresidente, Carlos Salinas de Gortari, lo ubica como “cabildero de panistas”, asesor de José Antonio González Anaya, también exdirector de Pemex, y como cabildero de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba “pagarle a la empresa TRESE más de 15 millones de dólares porque PEMEX le había cancelado el contrato de una plataforma marítima”, y afirma que esa empresa no cumplió con el mantenimiento que debía darle a una plataforma, razón por la que fallecieron algunos trabajadores.

Otro nombre clave que figura en el documento es el de José Antonio Meade, quien fue secretario de Hacienda, de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores en el gobierno de Peña Nieto y que, de acuerdo con Lozoya, habría recibido 4 millones. El exfuncionario refirió que es acusado sin pruebas, y afirmó que ha notificado a las autoridades su localización en caso de ser necesario para contribuir a las indagatorias.

«Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos», publicó en su cuenta de Twitter.

El sucesor de Lozoya, José Antonio González Anaya también se deslindó de la acusación de que recibió más de 4 millones de pesos por instrucciones de Videgaray. Tanto a él como a Meade se les acusa de haber recibido los recursos en sus domicilios, el 15 de septiembre de 2014.

En la declaración, que consta de 63 cuartillas, Lozoya señala que los entonces senadores del PAN «prácticamente lo extorsionaron» con hasta 50 millones de dólares para que votaran a favor de la reforma energética, dejando en claro que esto no se trató de una «negociación».

De acuerdo con el exfuncionario, en esos tiempos se le entregó el dinero en efectivo a Ernesto Cordero, Ricardo Anaya, Francisco Domínguez, José Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Francisco García Cabeza de Vaca.

También destaca que él recibía instrucciones de Luiz Videgaray, por lo que en diversas ocasiones recibió en su oficina a legisladores del PAN para negociar el precio de su voto.

Nacionales

Más del 60% de universitarios en México usa IA; proponen reglas para su aplicación

Tras la presentación de estos resultados, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, planteó a rectoras y rectores del país una serie de diez acciones orientadas a regular y orientar el uso de esta tecnología en las instituciones de educación superior

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El uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ya forma parte de la vida académica en México. Así lo evidencian los resultados de la Encuesta Nacional “Usos y percepciones sobre IAG en la Educación Superior”, en la que participaron más de 1.5 millones de estudiantes y más de 166 mil docentes, considerada la de mayor alcance a nivel mundial en su tipo.

Los datos muestran que más del 60 por ciento de alumnas, alumnos y profesores utiliza estas herramientas de manera cotidiana, mientras que ocho de cada diez estudiantes las emplea para la elaboración de textos. Además, 9 de cada 10 participantes afirmaron conocer la IAG, lo que refleja su rápida incorporación en aulas y espacios de investigación.

Tras la presentación de estos resultados, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, planteó a rectoras y rectores del país una serie de diez acciones orientadas a regular y orientar el uso de esta tecnología en las instituciones de educación superior.

Entre las propuestas se encuentra el reconocimiento de que la IAG ha dejado de ser una herramienta emergente para convertirse en un recurso habitual en el ámbito académico. También se plantea la necesidad de establecer lineamientos institucionales, fortalecer la formación docente, impulsar la literacidad digital y modificar los planes de estudio para adaptarlos a este entorno tecnológico.

Las acciones incluyen además la revisión de los modelos de evaluación académica, la incorporación de la IAG en la formación estudiantil, el desarrollo de mecanismos de colaboración para reducir brechas de acceso, así como la inclusión de la perspectiva de género y la atención al bienestar estudiantil, considerando que algunos jóvenes utilizan estas herramientas como apoyo emocional.

De acuerdo con autoridades educativas, el estudio no solo aporta datos sobre el uso de la tecnología, sino que también abre un espacio para discutir cómo integrarla sin que rebase a las instituciones. En ese sentido, se plantea la necesidad de definir criterios comunes para su implementación en el sistema educativo.

El análisis también advierte que la discusión sobre la IAG no se limita al ámbito tecnológico, sino que abarca aspectos éticos, pedagógicos, de derechos humanos y filosóficos, lo que implica un enfoque más amplio en su adopción dentro de las universidades.

En este contexto, se prevé que las instituciones de educación superior enfrenten un proceso de ajuste en sus dinámicas de enseñanza, aprendizaje y generación de conocimiento, en función del crecimiento acelerado del uso de estas herramientas digitales.

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EU autoriza a CIBanco realizar transferencias para su proceso de liquidación en México

La medida fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, que ajustó las restricciones impuestas al banco para permitirle concluir de manera ordenada el cierre de sus operaciones.

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El gobierno de Estados Unidos autorizó a CIBanco, institución previamente sancionada por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles, realizar transferencias financieras con el objetivo de completar su proceso de liquidación en México.

La medida fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, que ajustó las restricciones impuestas al banco para permitirle concluir de manera ordenada el cierre de sus operaciones.

Permiten operaciones para cierre ordenado

La decisión se da luego de que las autoridades estadounidenses bloquearan el acceso de CIBanco al sistema financiero de ese país, tras determinar que la institución facilitó el lavado de recursos provenientes del tráfico de opioides.

Ante este escenario, el gobierno de México asumió el control del proceso, con el fin de evitar afectaciones mayores al sistema financiero nacional y garantizar una liquidación supervisada.

Con la autorización, CIBanco podrá realizar transferencias necesarias para vender sus activos, cubrir adeudos y distribuir recursos conforme a la normativa vigente.

Compromiso bilateral contra el lavado de dinero

El Departamento del Tesoro destacó que esta resolución forma parte de la cooperación entre ambos países para combatir las operaciones financieras ilícitas.

“Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan”, señaló la dependencia en un posicionamiento oficial.

Supervisión y cierre definitivo

El proceso contempla el cierre definitivo de la institución financiera, bajo supervisión de autoridades mexicanas, quienes deberán garantizar la transparencia en la venta de activos y el cumplimiento de obligaciones con clientes y acreedores.

Este caso se suma a las acciones internacionales para reforzar los controles contra el lavado de dinero y limitar el uso del sistema bancario por parte de organizaciones criminales.

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FGR cierra investigación contra La Luz del Mundo y genera críticas por posible impunidad

No obstante, la autoridad ministerial determinó cerrar la investigación sin hacer públicos los argumentos que sustentan la resolución.

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La decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal contra líderes de la La Luz del Mundo desató críticas de víctimas, activistas y organizaciones civiles, quienes advierten un posible caso de impunidad.

De acuerdo con información del caso, la indagatoria federal incluía señalamientos por delitos como abuso sexual infantil, trata de personas y enriquecimiento ilícito. No obstante, la autoridad ministerial determinó cerrar la investigación sin hacer públicos los argumentos que sustentan la resolución.


Víctimas cuestionan la decisión

Tras darse a conocer el cierre del caso, presuntas víctimas manifestaron su inconformidad y señalaron que no fueron notificadas previamente.

Entre ellas, Sochil Martin ha sostenido que la determinación contradice pruebas y testimonios presentados en distintos procesos judiciales, tanto en México como en el extranjero.

Colectivos de víctimas advirtieron que resoluciones de este tipo podrían desalentar nuevas denuncias y perpetuar esquemas de silencio dentro de organizaciones con estructuras de poder.


Contraste con procesos en Estados Unidos

El caso también ha sido comparado con el proceso judicial en Estados Unidos contra Naasón Joaquín García, líder de la organización, quien en 2022 se declaró culpable de abuso sexual de menores y fue sentenciado a más de 16 años de prisión en California.

Además, enfrenta nuevas acusaciones federales por presunta trata sexual y delincuencia organizada, lo que mantiene la atención internacional sobre la agrupación religiosa.


Exigen transparencia y revisión del caso

La resolución de la Fiscalía ha reactivado el debate público sobre la relación entre poder político y organizaciones religiosas en México, así como sobre la capacidad institucional para garantizar justicia en delitos de alto impacto.

Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a la FGR transparentar los motivos del cierre del caso y, en su caso, reabrir la investigación bajo estándares internacionales de debida diligencia.

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