Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas cautelares a la empresa naviera Oceanografía, a fin de frenar la venta de Citibanamex, compañía propiedad de Citigroup anunciada en días pasados, según dio a conocer Jorge Betancourt, apoderado legal de la empresa.

El 71o. Tribunal Ordinario de lo Civil en Ciudad de México otorgó providencias precautorias a Oceanografía para que Banamex se abstenga de realizar la transmisión de acciones, hasta en tanto no se resuelva el juicio vigente y garantice el pago de 5 mil 200 millones de dólares.

Estas providencias tienen por objeto impedir que el demandado eluda el cumplimiento de sus obligaciones o el resultado del juicio que se ha promovido o se intente promover en su contra.

“(Banco Nacional de México, integrante de Grupo Financiero Banamex, debe abstenerse) se abstenga a realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles, hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal”, dice Mario Salgado Hernández, juez Septuagésimo Primero de lo Civil en Ciudad de México.

Por su parte, Betancourt dijo que “ellos han hecho públicas sus intenciones de vender Banamex a partir de marzo de este año, por lo que tenemos el temor fundado de que se vayan del país sin cumplir con las obligaciones de resoluciones que dicte un tribunal».

«Para que eso no suceda, fue que le pedimos al tribunal que impida la venta del banco hasta en tanto se acabe el juicio o dejen garantizado el monto que estamos solicitando, que es de 5 mil 200 millones de dólares. Cualquiera de las dos cosas», agregó.

Aclaró que la venta del banco quedaría suspendida durante los próximos dos años que se espera que dure el juicio, a menos de que la compañía decida pagar el monto reclamado por daños y perjuicios.

A la par, el tribunal dictó como medida que Citibanamex se abstenga de realizar acuerdos, asambleas o cualquier acto corporativo tendiente a aprobar el vender, donar, usufructuar o por cualquier medio afectar la cartera de clientes activos y pasivos; de bienes y servicios que menoscaben el valor de la institución y su salida del suelo mexicano.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) externa su preocupación por las diversas formas de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTTTI+ que han tenido lugar en diversos espacios en las últimas semanas, y en particular, condena enérgicamente el intento de transfeminicidio contra la activista, defensora de derechos humanos de las personas transgénero y trabajadoras sexuales, Natalia Lane, así como así como el asesinato de Nohemí y Yulizsa, pareja de mujeres lesbianas ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aunque el Estado mexicano cuenta con un marco legal y normativo que promueve el respeto, la inclusión y la progresividad de los derechos de las personas pertenecientes a la diversidad sexual; las distintas expresiones homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas y actos de odio externados por ciertos integrantes de la ciudadanía y del funcionariado público, son muestra de que es inaplazable construir nuevas estretegias interinstitucionales que permitan potenciar, con mayor efectividad, las políticas públicas que ya existen para erradicar las múltiples formas de exclusión y los factores de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTTTI+.

Desde el Inmujeres recordamos a los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado que el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2020-2024, hoja de ruta para la igualdad del Estado mexicano, fue construido con los aportes diversos de las mujeres, en especial, las que han sido históricamente excluidas, entre ellas, las mujeres de la diversidad sexual.

Durante la consulta que se realizó para la elaboración del Proigualdad, este sector de las mujeres señaló como principales problemáticas: la violencia que sufren por razones de género, la discriminación y la falta de reconocimiento de su identidad sexogenérica.

Por ello, el Proigualdad, que es de obligado cumplimiento para toda la Administración Pública Federal, incluye líneas de acción dirigidas a brindar acompañamiento legal especializado; propiciar el cambio cultural mediante el impulso de proyectos de incidencia social pública y comunitaria, en cooperación con la sociedad civil y fomentar el respeto a la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Además, este programa mandata el avance en la armonización del marco jurídico conforme a los estándares internacionales, que impulse el reconocimiento de la identidad de las personas trans, con el fin de propiciar su participación política en procesos electorales y la ocupación de cargos públicos en condiciones de seguridad, igualdad y no discriminación.

Por lo anterior, exhortamos a los tres órdenes de gobierno y tres poderes del Estado a cumplir con sus responsabilidades como garantes de los derechos emanados en la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo 1, así como desarrollar e implementar a cabalidad las acciones que forman parte de la Política Nacional de Igualdad, de la cual el Proigualdad 2020-2024 es parte fundamental, con el fin de que garanticen de manera sustantiva el derecho a  una vida libre de violencia y discriminación para la comunidad LGBTTTI+.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este lunes la expropiación de 198 inmuebles para la construcción del Tren Maya en el estado de Quintana Roo.

Dichos inmuebles propiedad privada se encuentran en los municipios de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, los cuales representan una superficie total de dos millones 410 mil 107.72 metros cuadrados.

La dependencia, cuyo titular es Román

Se trata de la construcción de una obra de infraestructura pública, cuya finalidad es atender y satisfacer las necesidades de la población general, tanto para los turistas como para los habitantes de las localidades ubicadas dentro de la Península de Yucatán, relativas a comunicar de manera eficiente y a agilizar el transporte de todas las personas, y en consecuencia se reactivará la economía del país y el desarrollo en diversos sectores como el comercio y el turístico”, se puede leer en el documento.

Se apuntó que el Tren Maya serán un eje articulador del desarrollo a escala regional para brindar oportunidades de empleo a las comunidades, “en virtud de que se crearán 715 mil nuevos empleos en el periodo 2022 2030 y que, de cada 100 personas con un empleo, 46 serán de pueblos originarios”

“Con la operación del Tren Maya, se estima un crecimiento económico estatal y municipal del 1.59 por ciento (2.1 billones de pesos), con una diferencia a favor del 0.75 por ciento, que no se tendría sin la construcción de dicho Tren”, expresó.

El Tren Maya, que debería estar listo para finales de 2023, es un proyecto prioritario del mandatario con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos para construir cerca de mil 554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Meyer, apuntó en dicha declaratoria que estos inmuebles expropiados serán destinados para construir obras de infraestructura pública relacionadas con el Tren Maya.