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Lozoya implica en denuncia al menos a 16 políticos por actos de corrupción

Emilio Lozoya, implica a Salinas, Calderón, Peña y otros 13 políticos entre expresidentes, excandidatos presidenciales, legisladores y funcionarios públicos en actos de corrupción.

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Los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como otros 13 políticos mexicanos, están implicados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR informó este miércoles que ya abrió una indagatoria por la filtración de la denuncia que presentó el exfuncionario peñista. Y el equipo legal del exdirector de Pemex también se deslindó de haber filtrado el documento.

¿Quiénes son los señalados por Lozoya?

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ya había referido que Emilio Lozoya denunció al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por presuntamente haber gestionado sobornos millonarios, dinero que estaría vinculado a Odebrecht. Hoy se da a conocer que también acusa a los exmandatarios Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari de actos de corrupción.

En la denuncia presentada el 11 de agosto, Lozoya señala de igual manera a los excandidatos presidenciales del PRI, José Antonio Meade, y del PAN, Ricardo Anaya. A los entonces senadores, Francisco García Cabeza de Vaca, hoy gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, hoy gobernador de Querétaro ; David Penchyna, quien fuera presidente de la Comisión de Energía; Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury y Ernesto Cordero Arroyo, todos ellos cercanos al presidente Felipe Calderón.

Además también se implica al exdirector y exconsejero de Pemex, José Antonio González Anaya; a Carlos Treviño Medina, quien fuera funcionario de la Secretaría de Hacienda y posteriormente director de Pemex; Rafael Caraveo Opengo, exfuncionario del Senado de la República y quien fue captado con bolsas de dinero en el video dado a conocer hace unos días, así como a Osiris Hernández, secretario particular de Ricardo Anaya.

La periodista Lourdes Mendoza, también es señalada como la beneficiaría de un obsequio de una bolsa de lujo. La columnista negó la acusación y dijo que presentará una denuncia en contra de Lozoya.

El deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador se cumplió un día después de solicitar que la denuncia de Lozoya se diera a conocer por completo a fin de que se “supiera la verdad” sobre la corrupción que imperaba en los anteriores sexenios.

Expresidentes y excandidatos

Emilio Lozoya declaró que los sobornos de Odebrecht iniciaron durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y concluyeron cuando las reformas estructurales de Peña Nieto fueron aprobadas en el Congreso de la Unión.

La denuncia dedica un apartado sobre el expresidente Calderón, en que incluye detalles de cómo supuestamente favoreció a Odebrecht mediante contratos que dañaban a Pemex y beneficiaban a la firma brasileña, en concreto desglosa que se vendía producto a la empresa brasileña con un precio menor del 25% al del mercado.

«Esta situación comenzó con el gobierno de Felipe Calderón y culminó con el mandato del presidente Enrique Peña, particularmente durante la negociación de la reforma energética. Durante ese lapso, el grupo o persona jurídica Odebrecht no sólo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado mexicano, sino que además participó activamente junto con otras grandes empresa, influenciando la política energética del país, mediante la reforma energética», señala Lozoya en la denuncia.

Ante ello, el exmandatario panista señaló que el manejo “ilegal y mediático” del caso confirma que Lozoya, “con el chantaje de tener presa a su mamá” es usado por el presidente López Obrador como un “instrumento de venganza y persecución política”. 

“No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sobre el expresidente, Carlos Salinas de Gortari, lo ubica como “cabildero de panistas”, asesor de José Antonio González Anaya, también exdirector de Pemex, y como cabildero de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba “pagarle a la empresa TRESE más de 15 millones de dólares porque PEMEX le había cancelado el contrato de una plataforma marítima”, y afirma que esa empresa no cumplió con el mantenimiento que debía darle a una plataforma, razón por la que fallecieron algunos trabajadores.

Otro nombre clave que figura en el documento es el de José Antonio Meade, quien fue secretario de Hacienda, de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores en el gobierno de Peña Nieto y que, de acuerdo con Lozoya, habría recibido 4 millones. El exfuncionario refirió que es acusado sin pruebas, y afirmó que ha notificado a las autoridades su localización en caso de ser necesario para contribuir a las indagatorias.

«Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos», publicó en su cuenta de Twitter.

El sucesor de Lozoya, José Antonio González Anaya también se deslindó de la acusación de que recibió más de 4 millones de pesos por instrucciones de Videgaray. Tanto a él como a Meade se les acusa de haber recibido los recursos en sus domicilios, el 15 de septiembre de 2014.

En la declaración, que consta de 63 cuartillas, Lozoya señala que los entonces senadores del PAN «prácticamente lo extorsionaron» con hasta 50 millones de dólares para que votaran a favor de la reforma energética, dejando en claro que esto no se trató de una «negociación».

De acuerdo con el exfuncionario, en esos tiempos se le entregó el dinero en efectivo a Ernesto Cordero, Ricardo Anaya, Francisco Domínguez, José Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Francisco García Cabeza de Vaca.

También destaca que él recibía instrucciones de Luiz Videgaray, por lo que en diversas ocasiones recibió en su oficina a legisladores del PAN para negociar el precio de su voto.

Estados

Gabinete de Seguridad informa resultados de la Operación Frontera Norte diciembre 2025 oficiales

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

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El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” de los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2025.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 10,218 personas y el aseguramiento de 7,497 armas de fuego, 1,265,483 cartuchos de diversos calibres, 34,041 cargadores, 115,866.7 kg de droga, entre ellos, 601.8 kg de fentanilo, 6,027 vehículos y 1,203 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

* *Baja California*


En Mexicali, se detuvo a dos personas, se aseguraron cinco armas de fuego, siete cargadores y 78 cartuchos.

En Tijuana, se detuvo a dos personas, se aseguraron dos kilos de marihuana, seis vehículos, cinco cuatrimotos y un inmueble.

* *Nuevo León*


En Montemorelos, se detuvo a 17 personas, se aseguraron 16 armas de fuego, 96 cargadores, 1,800 cartuchos, 10 artefactos explosivos improvisados, dos drones, ocho cascos balísticos, 14 chalecos balísticos, 18 teléfonos celulares y un vehículo.

* *Sinaloa*


En Culiacán, se aseguraron dos celulares, tres cargadores para teléfonos y cuatro objetos punzocortantes.

En otra acción en el mismo municipio, se localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 2,905 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 57 millones de pesos.

* *Sonora*


En Cajeme, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron 165 dosis de marihuana y 80 de metanfetamina.

En Ciudad Obregón, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron cuatro armas de fuego, 147 cartuchos, cinco cargadores, 20 dosis de marihuana, 31 de metanfetamina, una báscula, dos motocicletas y dos chalecos tácticos.

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Nacionales

Actividad económica de México sube 1.7 % interanual en octubre

El instituto autónomo también apuntó que la actividad económica se elevó un 0,2 % en el acumulado de los primeros 10 meses de 2025 con respecto al año anterior.

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La actividad económica de México creció un 1,7 % interanual en octubre de 2025, impulsada por el desempeño de los sectores primario y terciario, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El instituto indicó en su reporte que este avance en el indicador global de la actividad económica (IGAE) de México, con base en cifras originales, es resultado del crecimiento anual de los sectores primario (12,4 %) y terciario (2,4 %), en contraste con una caída en el secundario (-0,4 %).

El instituto autónomo también apuntó que la actividad económica se elevó un 0,2 % en el acumulado de los primeros 10 meses de 2025 con respecto al año anterior.

En lo que va del año, el sector agropecuario ha repuntado el 4,2 %; el comercio, los servicios y el turismo un 1 %, mientras que la industria cayó un -1,7 %.

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Estados

Operativo vs gasolineras: 43 denuncias penales, 161 clausuras y 780 equipos inmovilizados

operativo consistió que una inspección de 230 estaciones de servicio en todo el país por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

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Por no despachar litros completos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) interpuso ante la Fiscalía General de la República 34 denuncias penales contra gasolineras, tras un operativo de verificación.

El operativo consistió que una inspección de 230 estaciones de servicio en todo el país por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

En el operativo que busca promover la estabilización del precio de la gasolina, se detectaron irregularidades que requirieron sanciones, como la clausura total de 161 estaciones de servicio; la inmovilización de 780 equipos y las 43 denuncias penales ante la FGR

La Profeco argumentó que la venta de combustible es un delito que amerita consecuencias legales, porque representa un daño a la economía de los usuarios

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