En la causa penal 1442/2024, el ex presidente municipal de Tlaxcoapan, Miguel Ángel López Hernández, enfrenta acusaciones de presunto peculado por la suma de 22 millones de pesos. La acusación, respaldada por el Ministerio Público y el Gobierno Municipal, está centrada en un contrato de obra firmado en agosto de 2015 para la primera etapa del Mercado Municipal, aunque la defensa de López Hernández ha presentado pruebas que contrarrestan dichas acusaciones.

Entre las pruebas presentadas por la parte acusadora se encuentran documentos del Registro Público de la Propiedad a nombre de la anterior titular, así como el contrato de obra y constancias de pago relacionadas con la obra mencionada. En contraste, la defensa ha mostrado varios documentos que validan su postura, como el acta del Ayuntamiento que aprueba la adquisición del predio en mayo de 2015, y la cesión de derechos sobre la propiedad al municipio.

El juicio ha tomado giros importantes durante las audiencias. En la audiencia inicial del 25 de noviembre de 2024, el Juez de Control Raúl González destacó que, de haber estado escriturado el inmueble, ello habría sido suficiente para no vincular a proceso al ex presidente. Sin embargo, en la audiencia pública del 14 de febrero de 2025, la defensa solicitó el sobreseimiento de la causa penal, presentando pruebas «novedosas y suficientes» que demostrarían la falsedad de las acusaciones por desvío de recursos. A pesar de esto, el juez decidió continuar con el proceso, lo que ha sido interpretado por algunos como una clara manifestación de persecución política.

El actual Gobierno Municipal, respaldado por el Síndico, sigue adelante con las investigaciones, lo que ha generado tensiones y críticas sobre la imparcialidad del proceso. La controversia ha dividido a la comunidad, ya que algunos aseguran que la obra del Mercado Municipal es una necesidad para Tlaxcoapan, mientras que otros señalan que el proyecto ha sido bloqueado por intereses políticos, empañando el desarrollo de la región. La situación se sigue observando con atención, mientras persisten las acusaciones de abuso de poder y la posible manipulación judicial detrás de este caso.

Diana Laura Marroquín Bayardo ha sido acusada  del asesinato de su tío, el empresario José Francisco Marroquín Sosa, un crimen ocurrido el 28 de junio de 2019 en Santiago Tulantepec, Hidalgo.

Sin embargo, diversas evidencias y testimonios apuntan a que la acusación en su contra es parte de un complot político orquestado por el gobierno local, con el objetivo de frenar su participación activa en la política y deslegitimar su lucha por los derechos humanos y la justicia social.

Desde su detención el 26 de noviembre de 2020, Diana ha sostenido que fue víctima de una detención ilegal y abuso de autoridad. A través de sus redes sociales, expresó su inocencia y afirmó que las acusaciones fueron fabricadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), como parte de una persecución política, especialmente dado su historial como activista y su candidatura en diversas ocasiones para cargos públicos.

Es importante señalar que Diana y su hermana Claudia Marlene Marroquín Bayardo, también detenida en relación con este caso, tienen una coartada sólida: ambas se encontraban en Europa en el momento del asesinato, como lo demuestra el Registro Nacional de Migración. No hay pruebas que las vinculen con el crimen, ni siquiera en sus teléfonos móviles, y no se les ha presentado evidencia concreta que sustente la acusación.

Cabe señalar que José Francisco tenía antecedentes penales, ya que en el año 2001 fue acusado de asesinar a 2 hombres en Tulancingo Hidalgo y estuvo preso en el cereso de Pachuca varios años dónde fue sentenciado a 40 años, sin embargo, fue liberado debido a la corrupción.

También era señalado de ser un comerciante fraudulento, ya que robo y despojó a muchas familias con venta de casas y terrenos que nunca entregaba

Además, Diana ha sido una firme crítica de la corrupción política en Hidalgo, desenmascarando el abuso de poder de los gobiernos priistas y la corrupción dentro del sistema judicial. Su postura valiente frente a estos temas ha ganado el respeto de muchos, pero también ha generado enemistades poderosas que ahora parecen estar detrás de su arresto.

Sus seguidores aseguran que la detención de Diana es un acto de represión política que no solo le niega justicia, sino que pone en peligro su seguridad personal.

En un país donde el abuso de poder y la corrupción han sido una constante, es crucial que se reconozca su inocencia y se le garantice un juicio justo y transparente, sin manipulaciones ni intereses ajenos a la verdad.

En medio de recientes controversias, se ha señalado falsamente que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo autorizó la apertura de un nuevo casino en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Sin embargo, dicha afirmación carece de sustento, ya que la sala de juegos en cuestión no es nueva, sino que se trata de un establecimiento previamente autorizado que simplemente cambió de domicilio dentro del mismo municipio.

Cambio de ubicación, no nueva apertura

El casino en cuestión operaba en Plaza La Cúspide Sky Mall y obtuvo un permiso de cambio de domicilio mediante el oficio DGJS/3521/2022. Dicho documento no autoriza la apertura de una nueva sala de juegos y sorteos, sino que valida su reubicación. Además, la licencia de funcionamiento fue correctamente emitida por el Director General de Desarrollo y Fomento Económico del municipio de Naucalpan, autoridad facultada para estos trámites.

Jubilee Casino: sin antecedentes de irregularidades

Algunas versiones también han intentado vincular a Jubilee Casino con hechos ocurridos hace más de una década. No obstante, la empresa se deslinda completamente de cualquier relación comercial o jurídica con aquellos acontecimientos. Jubilee Casino es un nuevo inquilino en el inmueble y sus arrendadores no tienen ningún vínculo con la industria del juego en el pasado.

Autorizaciones en regla

La Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) concedió la autorización de operación en 2018, mediante el oficio DGJS/294/2018, lo que permitió la apertura del Casino Cúspide en Naucalpan. Posteriormente, en 2022, se avaló el cambio de domicilio, pero en ningún momento se expidió un nuevo permiso bajo la actual administración federal.

Señalamientos infundados sobre lavado de dinero

Finalmente, se ha intentado vincular al casino con posibles operaciones fraudulentas o lavado de dinero, lo cual ha sido rechazado categóricamente por la empresa. Jubilee Casino asegura que cumple con todas las regulaciones y procedimientos exigidos por las autoridades correspondientes, así como con estrictos controles internos. La legitimidad de sus actividades ha sido confirmada por diversas revisiones de entidades regulatorias.

Las acusaciones en su contra, según la empresa, son parte de una estrategia de desinformación promovida por la competencia con el objetivo de desacreditar su operación ante la opinión pública y las autoridades.